Flint, MI– La Corte Suprema de Michigan ha negado la apelación de la ciudad de Flint para desestimar una demanda de ocho años que afirma que la ciudad aumentó ilegalmente las tarifas del agua.
El ex presidente del Concejo Municipal, Scott Kincaid, demandó originalmente a la Ciudad de Flint en 2012, alegando que el Director de Finanzas de la Ciudad, Michael Townsend, elevó indebidamente las tarifas de agua y alcantarillado dos veces bajo la dirección del alcalde en ese tiempo, Dayne Walling.
“Este caso se remonta a decisiones tomadas por una administración anterior y condujo al momento en que la Ciudad fue colocada bajo dirección de un gerente de emergencias”, dijo la Fiscal Municipal Angela Wheeler. “La decisión de la Corte Suprema simplemente devuelve el caso al Tribunal de Circuito para su consideración. La Ciudad está preparada para seguir defendiéndose en la Corte para buscar una resolución justa ”.
En el transcurso de ocho años, el caso ha rebotado de tribunal a tribunal y de juez a juez, con desestimaciones, revocaciones y ajustes a lo largo del camino.
Después de la decisión del Tribunal de Apelaciones del Estado en abril de que el caso sería sometido a un nuevo juicio en un tribunal inferior, la Ciudad presentó una moción de juicio sumario, una moción para que la Corte decida el caso sin una audiencia.
El 22 de diciembre, la Corte Suprema denegó esta moción y dijo que “no estaban convencidos de que las cuestiones presentadas debían ser revisadas por esta Corte”.
La Ciudad tiene 21 días a partir del 23 de diciembre para apelar la decisión de la Corte Suprema, si así lo desea. De lo contrario, el caso volverá al Tribunal de Circuito del Condado de Genesee ante el juez Mark Latchana.
La demanda se presentó por primera vez en el Tribunal de Apelaciones en mayo de 2012 y afirmó que la Ciudad violó la Enmienda Headlee, que requiere la aprobación de los votantes para los aumentos de impuestos locales.
En julio de 2012, el Tribunal determinó que los aumentos de impuestos eran “revisiones de las tarifas de usuario existentes que no implican la Enmienda Headlee” y desestimó el caso.
El abogado de Kincaid, Valdemar Washington, volvió a presentar la demanda, esta vez en el Tribunal de Circuito, donde fue desestimada nuevamente, sobre la base de que el gerente de emergencias Michael Brown tenía el poder de ratificar el aumento de la ciudad, lo que hizo en 2012.
Durante este tiempo, Washington comenzó a trabajar en una segunda demanda presentada por los residentes Larry Shears y Margaret Fralick. Fue una demanda colectiva que alegaba que la Ciudad no tenía derecho a cobrar el dinero generado por el aumento de las tarifas del agua y que $15 millones de los fondos de agua y alcantarillado se utilizaron indebidamente para resolver otra demanda. Argumentaron que el dinero debería ser reembolsado.
En agosto de 2015, el juez en el caso Shears ordenó a Flint que redujera las tarifas en un 35% y devolviera el dinero a los fondos de agua y alcantarillado, aunque dijo que no tenían que ser devueltos de inmediato, entendiendo la carga financiera que supondría la ciudad. El juez también ordenó que hubiera una clase certificada de personas perjudicadas por las prácticas de la ciudad.
Dos años después, Washington y la Ciudad apelaron cada uno al Tribunal para hacer una moción sumaria, para decidir el caso sin ir a juicio. El juez negó ambas mociones, que según Washington no le dieron la oportunidad de cambiar su alegato. Presentó un llamamiento basado en la inmunidad del gobierno y dijo que debería detener todo, pero eso no sucedió. En cambio, el juez se puso del lado de la Ciudad y el caso fue sacado del tribunal.
Washington luego solicitó permiso para apelar el caso de Shears en la Corte Suprema. Luego, la Corte Suprema anuló las órdenes de la Corte de Apelaciones.
Siguiendo esto, el 13 de diciembre de 2019, la Corte Suprema ordenó que ambos casos fueran devueltos a tribunales inferiores para reconsiderar las reclamaciones de “enriquecimiento injusto” de los demandantes ahora teniendo en cuenta el caso del Comisionado de Drenaje del Condado de Genesee contra el Condado de Genesee, que fue decidido a principios de ese año.
En ese caso, que utilizó un reclamo de enriquecimiento injusto, el condado de Genesee tendrá que devolver casi $1 millón a la oficina del Comisionado de Drenaje.
Un reclamo por enriquecimiento injusto no busca compensación por una lesión, solo para corregir “la retención de un beneficio por una parte a expensas de otra”, según un informe del caso Drain Commissioner.
Washington dijo que eso es lo que están buscando. Dijo que hay alrededor de 33.000 clientes de agua que merecen un reembolso.
“No estamos pidiendo daños, no buscamos dañar a la ciudad”, dijo Washington. “Solo queremos que la Ciudad devuelva el dinero que tomó”.
Ahora que el caso de Kincaid regresa al Tribunal de Circuito, Washington dijo que uno de los próximos pasos es solicitar que el caso de Shears se consolide con el caso de Kincaid, por lo que habrá solo una audiencia y un fallo.
A partir de ahí, el caso consolidado pasaría al juez Latchana. Washington dijo que el caso aún podría no ir a juicio porque “no hay mucho que determinar un jurado”.
En cambio, dijo que podrían presentar una disposición sumaria, donde las partes acuerden lo sucedido y el juez podría decidir de inmediato sobre un juicio firme para la Ciudad.
Si Washington fuera a ganar el caso, dijo que una resolución probablemente consistiría en que las personas que pagaron las facturas del agua reciban un reembolso del dinero que se les cobró indebidamente debido a los aumentos ilegales de tarifas. Dijo que si una persona no podía pagar esas facturas de agua, lo que resultaba en que la Ciudad pusiera un gravamen sobre su casa, ese dinero se devolvería a la Ciudad.
Washington dijo que tendría que encontrar los números exactos, y esa cantidad se pondría en un juicio que la Ciudad tendría que hacer.
Aún no hay un número exacto de cuánto sería potencialmente la sentencia, pero el gobernador Rick Snyder publicó correos electrónicos de 2015 en los que el Departamento del Tesoro de Michigan valoró los dos casos combinados en $40 millones.
Pero la Ciudad ha declarado que incluso devolver los $15 millones a los fondos de agua y alcantarillado tendría un impacto financiero devastador y podría llevar a la ciudad a la bancarrota. Si a la Ciudad se le cobra una cantidad que no pueden pagar, los contribuyentes de Flint deberían pagarla mediante un aumento de impuestos.
“Nadie quiere esto”, dijo Washington. “Pero la Ciudad se niega a hablar de manera realista con nosotros. Hemos estado sentados pacientemente mientras nos suben y bajan por la escalera de apelaciones durante ocho años “.
En respuesta a la declaración de Washington, la abogada de la ciudad Angela Wheeler dijo: “La ciudad participó en esfuerzos de mediación de buena fe como lo ordenó el Tribunal de Apelaciones en 2017 y varias veces desde entonces. Los mayores obstáculos han sido las demandas del abogado Washington de que los residentes de Flint paguen millones de dólares en honorarios de abogados y el Sr. Kincaid quiere más dinero del que recibiría cualquier otro residente “.
Estos casos no están incluidos en el acuerdo de la demanda por la crisis del agua de $641.25 millones, porque aunque tienen que lidiar con el agua, se presentaron antes de la crisis. El caso de Shears se agregó erróneamente al documento del acuerdo, pero desde entonces Washington ha trabajado para que el caso se elimine del documento del acuerdo.
(Esta historia fue traducida por el reportero de Flint Beat Santiago Ochoa).